La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en su capítulo III, artículo 102, que la formación permanente del profesorado es un derecho y, al mismo tiempo, una obligación del profesorado, recayendo la responsabilidad de la planificación y organización en las Administraciones educativas y en los centros. Al mismo tiempo se señala que los programas de formación permanente deberán contemplar la adecuación de los  conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y las didácticas particulares.
En el artículo 103 se recoge el compromiso adquirido, por parte de las
Administraciones Educativas, respecto a la planificación de actividades de formación del profesorado, debiendo responder estas a una oferta diversificada y gratuita.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su título Preliminar, artículo 6, apartado 1, señala la necesidad de promover la colaboración entre las Administraciones Públicas, empresas, Universidades, Cámaras de Comercio y entidades de formación, con el objetivo de desarrollar el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional,
precisando que la participación de las empresas podrá realizarse de forma individual o de modo agrupado a través de sus organizaciones representativas.
El apartado 2 del citado artículo indica que esta participación dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, tendrá lugar, entre otros, en los ámbitos de la formación del personal docente, la formación de los alumnos en los centros de trabajo y la realización de otras prácticas profesionales, colaboración que se instrumentará mediante convenios y acuerdos.
La Consejería de Educación y Universidades es consciente de la importancia que, ante la propuesta de acciones formativas de este tipo, supone la participación de todas aquellas empresas y entidades que deseen colaborar en su realización, pues los nuevos modelos de Formación Profesional requieren, entre otros aspectos, la necesidad de vincular los procesos de enseñanza-aprendizaje con la realidad del mundo laboral, adaptando la oferta educativa a las cualificaciones
profesionales demandadas por el mercado de trabajo.